Un error de tipeo, el sueño que se volvió pesadilla y amenazas de cárcel: qué pasó detrás de la transferencia de 510 millones de pesos que recibió una mujer en San Luis

Ese martes Verónica Acosta (35) estaba entrando al Home Banking desde el teléfono a cada rato a la espera del pago, una transferencia por cuota alimentaria de unos 8 mil pesos que le iban a ayudar a tirar la semana. Su presente es frágil. Hace poco estuvo en situación de calle. Dos de sus cuatro hijos viven con la abuela ya que no entran todos en la precaria vivienda donde duerme ahora, ubicada en un terreno compartido de Villa Mercedes, San Luis.

A unos 100 kilómetros de distancia, en la sede del gobierno provincial, el tesorero general Walter Valenzuela se apuraba para sacar algunas de las casi 1200 transferencias que tenía programadas para ese martes, una mañana más como cualquier otra en la oficina donde se manejan las arcas del Estado.

Verónica esperaba esos 8 mil pesos, que pagan apenas unos seis paquetes de fideos. Cuando entró a ver, le habían entrado 510 millones de pesos. Lo que vale un departamento mediano en Puerto Madero.

Una transferencia millonaria por error, el deseo que muchísimos le pedirían al genio de la lámpara si se encontraran una en la calle, se transformó en una pesadilla para esta mujer de San Luis, a quien ahora se le abrió una causa penal. Sin haber siquiera deseado la acusan por estafa, defraudación con tarjetas de crédito y débito, e incluso por retención indebida de fondos públicos.

La historia se volvió viral por lo insólito del caso y llegó a medios de todo el país. Se dijo erróneamente que la mujer había pedido sushi con ese dinero, que había hecho gastos de lujos. En realidad, usó parte del dinero para comprar arroz, fideos y cerámicos y revestir el piso de tierra donde vive.

La mujer recibió en concreto $510.236.811. Desde allí, hizo en total unas 66 operaciones. Hoy, después de devolver el dinero, la Justicia de San Luis les pide 30 millones de pesos de fianza a ella y su familia para no ponerlos en la cárcel.

"No hizo nada"

Según contó Hernán Echevarría, abogado de Verónica, la mujer se encontraba esa mañana en su casa tomando mates con su familia. Cuando vio la transferencia, lo primero que pensó es que se trataba de un error. Cerró la app del Banco Nación, abrió de nuevo y la plata seguía ahí.

Dice que solo veía un montón de ceros, por eso pensó que era un fallo del sistema. Allí probó enviando por transferencia montos chicos a sus familiares que estaban en la mesa con ella tomando mate. Las mismas efectivamente salieron, y los ceros no desaparecían. Recibieron dinero Nicolás Gil, Margarita Quiroga, Marina Gil, Cintia Gil y Milagros Gil. Los cinco también están imputados en la causa ahora.

"Me encuentro con este dinero y con tanta necesidad, me fui a hacer compras y ayudé a mi familia. Pensé que era un regalo de Dios", dijo la mujer. Salieron a hacer compras para llenar la heladera. Compraron fideos, carne, arroz y otros elementos básicos. Luego compró el piso para la pieza de la casa, mochila de baño, un microondas, una heladera, un televisor y una cocina. También una freidora de aire para hacer papas fritas. "Papa es lo más barato que hay, es lo que nos saca del apuro", contó Verónica.

El gasto más grande fue un Ford Ka modelo 2010 que sacó de una concesionaria de usados. Era el coche más barato que tenían, incluso tenía dañado el parabrisas. Les servía para llevar a los chicos y la familia a la escuela.

Por qué recibió la plata

Valenzuela y el Gobierno de San Luis se dieron cuenta del error recién al día siguiente, cuando descargaron como todos los días un reporte de las operaciones de la jornada anterior. Allí el tesorero encontró la transferencia por fuera de la norma.

Con la desesperación, llamó al Banco Nación para pedir que se congele la cuenta de Verónica de manera inmediata. Para esa altura, una parte del dinero ya se había movido.

Luego presentó una denuncia a la fiscalía, que le dio curso urgente y allanaron el domicilio de Verónica y de su familia. A los seis se los llevaron detenidos y esposados, además de incautarles los bienes que habían comprado. La mujer dice que recién ahí se enteró de dónde había venido la plata.

Según explican desde el Gobierno, lograron recuperar en transferencias $465.690.542,57, más del 90 por ciento del total. El resto es todo trazable ya que cada movimiento se hizo vía billeteras virtuales.

Valenzuela acepta responder preguntas de Clarín por escrito para explicar el error técnico que ocurrió. Según cuenta, Verónica debía recibir la transferencia de 8 mil pesos de cuota alimentaria del padre de uno de sus hijos, quien es empleado provincial. Ese descuento se hace de manera automática del recibo de haberes del hombre.

"La Tesorería General todo los meses recibe de la dirección de Recursos Humanos el expediente de pago de haberes, donde figuran embargos judiciales y, en este caso deudores alimentarios. Son más de 30 órdenes a unos 1956 beneficiarios", comienza.

Dentro de esas transferencias, hay dos tipos: una a cuentas particulares, como es el caso de Verónica. Y otra que nuclea a distintos receptores unificados en una cuenta judicial del Banco Supervielle.

"Para el caso de cuentas particulares la carga del monto a transferir se realiza en el sistema contable de forma manual al CBU indicado. Por un error istrativo, se realizó la transferencia de toda la orden de pagos de los demás beneficiarios a un solo CBU", confiesa. Así, Verónica recibió de un saque la plata que correspondía a todos los beneficiarios juntos.

Más allá del uso del dinero que haya hecho la mujer y su familia, aquí comenzó un contrapunto ya que ella afirma que nunca supo de dónde vino esa transferencia. Según su abogado, la descripción de la transferencia que figuraba en el Banco Nación solo decía "Data". Este punto es clave, ya que se la acusa de retener fondos públicos pero ella no sabía que se trataba dinero del Estado. Ante la consulta, desde el Gobierno de San Luis no supieron responder bajo qué rótulo le llegó el pago a la mujer.

"La acusan de estafa pero a ella no llenó ningún formulario, no hizo nada para pedir ese dinero. Defraudación con tarjetas tampoco, ya que para eso es necesario haber hurtado claves y ella usó sus tarjetas propias. Y retención indebida de fondos públicos tampoco cometió, ya que cuando te hacen una transferencia equivocada te tienen que intimar para que devuelvas. Si no lo hacés, te constituís en mora. Ahí es indebida, nunca notificaron. Ella no sabía que era del Estado", explica Echevarría.

Según Valenzuela, desde el Gobierno intentaron comunicarse con distintos teléfonos que tenían registrados como pertenecientes a Verónica, pero nunca pudieron conectar.

La causa es investigada por la fiscal Daniela Torres, quien consideró que se trata de una “maniobra delictual”. La jueza subrogante del Juzgado de Garantía Nº 3, Antonela Panero, resolvió que tanto Acosta como sus cinco familiares deberán pagar $30 millones antes del martes para evitar la cárcel.

Para el abogado, es una locura. “Son personas humildes, sin antecedentes, con domicilio, que nunca actuaron de mala fe. No se trata de una red de estafadores. Fue un error del Estado que ahora intentan cargar sobre estas seis personas como si fueran delincuentes”, sostuvo.

AGE