A Milei se le acaban los superpoderes
El Gobierno empleará toda la pirotecnia recogida en las elecciones en CABA para remontar la cuesta más escarpada del año: en 50 días, el 8 de julio próximo, vence la delegación de facultades que el dio el Congreso en la llamada Ley de Bases. En la víspera de la fecha patria se cumplen los 365 días desde la promulgación de esa norma. Durante este lapso, el Ejecutivo ha tenido la libertad para cancelar a discreción fideicomisos, cortar gastos y hacer ajustes, cerrar reparticiones, etc.
La baja de aranceles a la importación de productos que se ensamblan en Tierra del Fuego obedeció no sólo a la propaganda del oficialismo para las elecciones porteñas. Se adelantó por temor a que después del deadline del 8 de julio, será difícil no sólo bajar esas gabelas sino tomar otras medidas de reforma del Estado. Este adelantamiento impidió que fuera una medida negociada previamente con la istración provincial y los empresarios de esa comarca que, de un día parta el otro, responden con una amenaza de juicios.
La agresividad del clima electoral, fomentado por el oficialismo, contribuye poco a un acercamiento. A Javier Milei le costará el doble -de lo que ya dio para la sanción de la norma- que el Congreso le renueve las facultades. La caída dejará al Ejecutivo a merced de un Congreso con el que no ha querido tener buenas relaciones. Lo que logró fue gracias al toma y daca con todos los bloques, amigables y no amigables.
De los primeros aprovechó la división del PRO, de la UCR y de La Libertad Avanza (ocurrida dentro del oficialismo para decidir si la propiedad del gobierno es del presidente o de la liga de partidos ex Cambiemos que lo llevó a la Casa Rosada). De los más duros logró que no le citen todavía a la hermana y al ministro de Economía a que expliquen la trama del CriptoGate.
Fue a cambio de que el Gobierno se ocupase de voltear el proyecto de Ficha Limpia. Para lograrlo, en todos los casos, aceitó la relación con los gobernadores para movilizar a los legisladores que se referencian en ellos. El Gobierno intentará abrir una nueva negociación para la prórroga de los superpoderes de la Ley 27742. No es simple el objetivo y correrá sangre.
Le aprobaron Macri el 2017
El resultado de este domingo refigura el lema de la campaña de Olivos “mileísmo o kirchnerismo”, agregándole una segunda cláusula: ha sido la opción para decidir quién se encargará de desplazar del control en la CABA al PRO y sus aliados. Desde este domingo las relaciones no serán tan armónicas entre las fuerzas como hasta ahora.
Acaso el último dictamen armónico haya sido la aprobación, el miércoles pasado en la bicameral de rendición de cuentas, de la ejecución del gasto por parte del gobierno de Mauricio Macri durante el año 2017. En esa aprobación se hacen observaciones, pero no se la rechazó, algo que podría ser un antecedente de agresividad política hacia Macri en un momento difícil de su declinación política.
La política, decía Néstor Kirchner, es un negocio al que es fácil entrar, pero muy difícil salir. En la política judicializada tener un rechazo a la rendición de gastos puede ser un problema para un expresidente en declive. Que se lo diga Cristina de Kirchner. O Dilma Rousseff, destituida como presidenta de Brasil por un desvío de partidas de un destino a otro. Acaso fue en previsión de esos avatares que el Gobierno nacional se ha empeñado en que el proyecto de ficha limpia no sea aprobado en el Congreso. El arma más temida por los políticos es el búmeran.
Para los Macri fue una especie de PASO
El país que comienza después de este domingo en CABA no será el mismo. Es esperable que una vez que se conozcan los números finales de la elección, los dirigentes de la familia Cambiemos que fueron a las urnas desguazados en varias listas, intenten una reunificación después de esta especie de PASO que han significado estas elecciones. Los números que han logrado las candidaturas de ese espectro hacen imaginable que en las nacionales de octubre encuentren algún punto de unión que aliente la posibilidad de retener en 2027 el distrito.
Esa PASO virtual que ocurrió este domingo ha probado cuánto pesan los Macri, Larreta y los radicales. Han despachado las diferencias en el consorcio porteño, inexplicable en una coalición que parecía condenada al éxito. El arco no peronista ha hecho la autocrítica de que candidatos de su espectro como Píparo y Espert fueran divididos a las elecciones a gobernador de Buenos Aires en 2023. Si hubieran ido juntos, le habrían ganado al peronismo de Kicillof. La insistencia en la disputa interna dentro de Cambiemos les hizo perder, en el orden nacional, 18 puntos porcentuales entre 2021 y 2023. Y sin gobernar. La división que exhibió este domingo es el último capítulo de esa deriva entrópica.
Gana el que arme en la Legislatura
Esta escaramuza de una batalla que empezó en 2023, y que no termina ahora, oscurece la verdadera naturaleza legislativa, no ejecutiva, de estas elecciones. La campaña le imprime un nervio singular a la confrontación, como si fueran unas elecciones ejecutivas con un ganador final. El ganador acá no será el candidato ni la marca. El ganador va a ser el bloque que tenga la posibilidad de generar la alianza más amplia para dominar en la Legislatura de la Ciudad.
El entendimiento partidario que representó al electorado mayoritario del distrito superó en algunas elecciones anteriores el 50% de los votos. La suerte de la marca PRO en el resultado dispara efectos hacia todos lados, en torno la sobrevivencia de los Macri y el PRO y sus socios en la Ciudad. Amenaza una etapa de pato rengo, antesala de malos resultados en las nacionales de octubre. Les quedará una sola bala de plata: que Macri intente una sobrevida con una candidatura propia a diputado o senador nacional.
El período que va de este domingo hasta octubre pondrá a prueba la capacidad del arco de Cambiemos para construir una Legislatura que recomponga la coalición, sobre la base de los nuevos legisladores que logren entrar por esas seis listas.
El mileísmo contra el quórum
Como hay vida después de las elecciones, el ingenio no descansa, en especial el del Gobierno, que pondrá sus empeños en restarle el quórum a la sesión especial que le reclama la oposición para este miércoles. Tienen un argumento que es impedir que prosperen dictámenes de diversa dureza para que, sin reabrir la moratoria previsional, haya un reconocimiento a quienes aportaron al sistema, aunque no hayan alcanzado los requisitos mínimos para jubilarse. Intentarán rechazar una apertura de la moratoria como reclama el bloque de Unión por la Patria.
Final abierto: esa moción tiene, por lo menos 110 votos positivos. Y los votos negativos son antipáticos -mejor que votar No es salir del recinto o abstenerse-. La alternativa que sí tiene apoyos, si se cae la moratoria, es el reconocimiento que proponen legisladores del “centrão”, elaborado por Nicolás Massot y, desde afuera, por el exdiputado y ex Anses Diego Bossio. Es la Prestación Proporcional para la Vejez que pagaría según lo aportado por quienes no cumplen los años mínimos para jubilarse.
Lo que produce pánico en el oficialismo en torno a esa sesión es que la oposición lleva al recinto la disputa por la integración de la comisión investigadora del CriptoGate. Esa comisión la amañó el mileísmo de la cámara, con pases entre bloques para que resulte empatada y sin posibilidades de acordar en torno a quién debe presidirla.
La presidencia de la cámara –Martín Menem– argumenta que el pleno no tiene facultades para intervenir y, en todo caso, reclama que el tratamiento se habilite con 2/3 de los votos. Deberá munirse de ingenio porque la oposición decidió una estrategia secreta: no revelada en resguardo de su eficacia, para imponer el tratamiento.
Para el Gobierno es cuestión de Estado impedir que el Congreso cite a declarar en esa comisión, o ante el recinto, a la hermana del Presidente y al ministro de Economía. El Ejecutivo ya transó con el Senado para que rechazara esas citaciones. Pagó esa gracia ayudando a que se cayera el proyecto de Ficha Limpia.
La oposición es consciente de que si eso ocurre será una señal letal de fragilidad para un gobierno débil, que está bajo la lupa de los inversores y el público. La diferencia entre las bancadas es hoy entre quienes quieren apretar ese botón y quienes no quieren. Pero reclaman que el Ejecutivo dé alguna explicación. Este lunes los bloques de la oposición refinarán los temas a llevar a esa sesión.
AGN: ampliación sorpresa
El Gobierno busca un repechaje en el Congreso poniendo en la góndola una nueva zanahoria para negociar un nuevo estatus después de las elecciones porteñas. Es replicar en Diputados los proyectos de ampliación de la integración de la Auditoría General de la Nación que impulsan en el Senado Juan Carlos Romero y José Mayans.
Hoy el organismo tiene tres representantes por cada cámara del Congreso, loteados según la proporcionalidad partidaria. El nuevo proyecto lleva el número a cuatro. Un total de ocho y, además, un presidente que debe pertenecer a la oposición. Por falta de acuerdos, desde diciembre de 2023 no se han podido renovar los cargos, y los seis están vacantes.
La presentación de un proyecto del mileísmo para este aumento está entre las expectativas de la sesión de Diputados, para una sanción sumaria debido a que el aumento de puede destrabar el bloqueo de las designaciones, que ha puesto a la AGN al borde de la legalidad. De los siete auditores sólo ha quedado el presidente, Juan Manuel Olmos, que representa al peronismo, después de ser vicejefe de gabinete de Alberto Fernández, cuyo mandato entra este año en el radar de las pesquisas de la AGN.
En el horizonte de la nueva etapa que se abre con el resultado en CABA aparece el replanteo de una ampliación de la Corte, que propone en el Senado también el senador Romero. Si este reacomodamiento avanza, habilitará una negociación que incluya nuevos nombres para Procurador General y Defensor General.
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