Tras el caso $Libra, la oposición empuja en el Congreso la creación de una comisión investigadora por las denuncias en el PAMI

Las denuncias por el pedido de retornos en el PAMI que explotaron por la interna oficial ya se discuten e investigan en los tres poderes del Estado. Después de que el ministro de Salud, Mario Lugones, apurara una auditoría interna y se abrieran investigaciones en la Justicia Federal en tres provincias, empieza a moverse el avispero en el Congreso.

Margarita Stolbizer presentó un proyecto de resolución para avanzar en la creación de una comisión investigadora que monitoree las pesquisas por malversación de fondos y pedidos de retornos a empleados.

El artículo 2 del proyecto contenido en el expediente 2199-2025 propone un relevamiento de todas las denuncias existentes sobre hechos de corrupción en la obra social de jubilados y pensionados. “Procediendo a la citación de denunciantes, funcionarios y las personas que correspondan, determinar responsabilidades y producir un Informe, debiendo presentar denuncias y/o pruebas ante el Poder Judicial cuando corresponda”, señala el texto.

El Gobierno viene de recibir un revés en la Cámara Baja con la creación de una comisión similar para investigar el criptogate conocido como $Libra, el token que difundió o promocionó el Presidente el 14 de febrero.

El órgano para investigar las denuncias contra el PAMI en Diputados funcionaría por tres meses y estaría integrado por dos diputados designados por cada bloque o interbloque parlamentario que cuente con cinco o más legisladores.

En los fundamentos de la resolución que impulsa, Stolbizer se hizo eco de las denuncias públicas y que la Justicia Federal investiga en Chaco, Santa Cruz, Buenos Aires y en Jujuy, aunque también podría haber replicado las de otros distritos como La Pampa, donde el encargado del PAMI local reconoció que hicieron pedidos de aportes voluntarios a trabajadores del organismo y recaudaron en una cuenta privada.

“Hemos estado desde fin del año pasado analizando los recortes que han afectado tanto a los jubilados, en prestaciones y medicamentos. Pero saber ahora que desparraman la plata para hacer política o negocios particulares, nos obliga a intervenir”, dijo la diputada.

Clarín dio cuenta el fin de semana de parte de la extensa estructura política que los primos Martín y Lule Menem -armadores políticos de Karina Milei- habilitaron en todas las dependencias de ANSES y PAMI en las provincias.

Buena parte de las filiales de los organismos están a cargo de los referentes partidarios de La Libertad Avanza en los distritos, que reportan a la hermana del Presidente, máxima autoridad del partido oficialista.

Aliados provinciales como Juan Carlos Romero, en Salta; Carolina Moisés, en Jujuy; dirigentes con pasado reciente en el partido de Carlos Rovira en Misiones, funcionarios provinciales de Gildo Insfrán en Formosa y gobernadores cercanos a la Rosada como el tucumano Osvaldo Jaldo o el mendocino Alfredo Cornejo tienen gente de su confianza en algunas dependencias, un detalle que podría dificultar que Diputados consiguiera el número necesario, como ocurrió con la del caso Libra, donde la participación del cordobés Martín Llaryora y otros fue crucial.

“El Congreso está atravesando una situación de parálisis intencionada porque el Gobierno no quiere que se avance en temas que impulsamos los legisladores para compensar los efectos del brutal ajuste que ellos hacen. Entonces terminamos votando emplazamiento para que las comisiones traten los proyectos. Como hicimos con la investigadora de la estafa Libra, tendremos que hacer para que se investiguen los casos de corrupción en el PAMI”, destacó Stolbizer.

Las denuncias en algunos casos partieron originalmente de parte de LLA, sean ex funcionarios o militantes digitales. El aparato comunicacional que responde a Santiago Caputo en redes logró desplazar al jefe de PAMI Junín, Alfredo Pascual, un funcionario que respondía a Sebastián Pareja, el presidente de LLA en la Provincia. El ministro Lugones, que ordenó la auditoría interna, llegó al Gobierno de la mano del asesor presidencial, ex socio de su hijo Rodrigo Lugones en la consultora Move. Para la diputada, la investigación oficial significa “el reconocimiento de un estado de situación que se ha vuelto imposible de tapar”.

El Gobierno acusó recibo de las denuncias cruzadas y si bien paralizó la interna en el triángulo de hierro a pocos días de la elección porteña que considera clave, debió anunciar el final de la intermediación de la venta de pañales del PAMI, que se revendían en varias provincias.

El vocero-candidato Manuel Adorni -que multiplicó las conferencias de prensa y los anuncios nacionales en la última semana antes de las elecciones porteñas- anunció que el nuevo sistema representaría un ahorro de $5 mil millones. “A los empresarios prebendarios que hacían acuerdos con la vieja política para lucrar con las necesidades de la gente, sepan que se les terminó el negocio”, declaró el vocero aunque la Justicia, el Congreso y el propio Ejecutivo analizan las actuaciones de funcionarios de la istración mileísta.