Seis allanamientos por el supuesto documental en el juicio de Diego Maradona: identificaron a dos personas que tomaban imágenes

Tras las denuncias que postergaron una semana el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona (60), fueron identificadas en las últimas horas dos personas señaladas por grabar un presunto documental en plenos tribunales y se llevó a cabo una serie de allanamientos en zona norte del Gran Buenos Aires y en la Ciudad.

Dos de ellos fueron a instalaciones de las productoras La Doble, en Machain al 4.500 (Ciudad de Buenos Aires), y de Feel Co, en Villa Martelli, en La Matanza. Los otros cuatro se realizaron en cuatro viviendas de Olivos, San Isidro y Beccar (zona Norte del Gran Buenos Aires), y en Villa Urquiza (Capital Federal).

En los procedimientos se secuestraron documentación y elementos electrónicos que puedan estar relacionados con la organización previa y contrataciones efectuadas para la realización de algún documental vinculado al juicio por la muerte de Maradona.

En el centro de la investigación quedaron José Arnal, de la productora La Doble S.A., y Jorge Huarte, quienes fueron identificados por los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.

Arnal fue señalado como el hombre canoso y de anteojos que aparece en las imágenes de la primera audiencia del debate.

Huarte es el camarógrafo que tomaba imágenes para el supuesto documental. En filmación emitida por el canal de YouTube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que registró los lineamientos iniciales de cada una de las partes del debate, se ve cómo una policía le habla a Huarte y le pide que deje de filmar con su cámara.

Otro de los allanamientos fue en la sede de la productora La Doble S.A, cuyo titular es Juan Manuel D´Emilio, quien en la audiencia del último 15 de mayo fue señalado por el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque.

Rivas solicitó que se identifiquen dos personas que estaban en la sala de audiencias, lugar destinado para el público y los periodistas que cubren el debate para distintos medios de comunicación, entre ellos Clarín. Sostuvo su pedido en la creencia que se estaba grabando un supuesto documental sin la notificación de las partes.

D’ Emilio se identificó como “escritor y maradoniano”. Dijo que vive en Florida y que estaba acompañando a una amiga, que se presentó como María Lía Vidal Alemán.

El defensor de Luque vinculó a estas dos personas con la jueza Julieta Makinatch, quien se cree que les dio la autorización sin que sus compañeros del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro estuvieran al tanto.

La productora a cargo de la presunta filmación del supuesto documental sería Pegsa, cuyos dueños son Agustín Pichot, ex jugador de Los Pumas, y Juan Makintach, hermano de la jueza.

En declaraciones a este diario, la jueza Makintach negó la existencia de un documental y dijo que su hermano y la productora estén vinculados a su tarea judicial. Respecto a Vidal Alemán, dijo que “es una amiga de la infancia, su padre era judicial y está presente en el juicio como público”.

La productora Pegsa emitió un comunicado: “Ante versiones que han circulado recientemente, desde Pegsa queremos aclarar que nuestra productora no ha realizado ni está realizando grabaciones de imágenes en el tribunal donde se lleva adelante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona”.

“La noticia de que hubo un equipo de PEGSA dentro del tribunal registrando imágenes del juicio es completamente falsa. Asimismo, queremos destacar que todas las producciones desarrolladas por PEGSA se realizan bajo estrictos protocolos profesionales, que incluyen la obtención de autorizaciones legales, cesiones de derechos, permisos de filmación y liberación de contenidos, entre otras formalidades necesarias al momento de producir contenido”, informaron.

Los últimos domicilios en los cuales la policía bonaerense y de la Ciudad allanaron están vinculados a Vidal Alemán. La mujer quedó registrada también en la filmación de la jornada inaugural del debate.

Participaron de los procedimientos personal de Investigaciones de tecnologías especiales de la Policía de la Ciudad y de la Delegación Departamental de Iinvestigaciones (DDI) de San Isidro.

Si bien hasta el momento la causa está caratulada como “averiguación de ilícito”, se investiga la participación de estas personas en los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento, obstrucción a la justicia y sustracción de medios de prueba los presuntos delitos, indicaron fuentes judiciales.

Un escándalo judicial

El escándalo estalló el jueves 15 de mayo, cuando los abogados Fernando Burlando, que representa a Dalma y Gianinna Maradona, y Mario Baudry, de Verónica Ojeda y Diego Fernando Maradona, presentaron una denuncia por la supuesta grabación de un presunto documental, sin el consentimiento de los hijos del Diez.

Al menos tres personas quedaron registradas en una filmación de la Corte Suprema de Justicia bonaerense en la primera audiencia del debate. En las imágenes se observa cómo una de las personas tomó una cámara tipo reflex y comienza a filmar. El acto fue alertado por una mujer policía que custodia la sala. Luego de detener la filmación unos minutos, regresa a tomar registro.

Burlando y Baudry señalaron en su denuncia que “se investigue la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal”.

Según la denuncia, de confirmarse la presunción de dos de los particulares damnificados “se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia”.

La fiscal Asprella citó a declarar a dos policías encargadas de la seguridad del TOC. El interrogatorio se basó en unas imágenes de la filmación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires

Al ser consultada, una de las policías declaró que estas personas le dijeron que fue la jueza Makintach quien le dio permiso de estar presentes, sin brindar más información.

La segunda policía que declaró este lunes también acreditó que las personas que filmaban el primer día lo hacían por orden de la jueza Makintach.

Los fiscales continuaron con las declaraciones de más testigos, el análisis de la telefonía celular de los sospechados y otros elementos que fueron surgiendo con el avance de la causa.