Martín Soria, nuevo ministro de Justicia, un ignoto para el hombre común, hizo en las últimas horas su presentación pública. Afirmó que la Justicia debe liberar de culpa y cargo a Cristina Fernández en sus causas por corrupción. Una de las cuales atraviesa el juicio oral. Advirtió que viene a terminar con el llamado lawfare, un relato político del progresismo en América Latina que tiende a demostrar que sus líderes son víctimas de los poderes de facto. Enarbolado, claro, por la vicepresidenta. Criticó la complacencia de la Corte Suprema con la mesa judicial de la época macrista, que según los K, habrían hecho persecuciones. Antes que como un florido especialista del Derecho pareció asomar como émulo de Rambo.
Sus cartas credenciales servirían para explicar varias cosas. Tal vez, si las hubo, disipar algunas dudas. Parece inútil el debate sobre si llegó al poder por imperio de Cristina o deseo de Alberto. Vendría a cumplir, en esencia, con la demanda que crece de la vicepresidenta. Sacarla del fango judicial que la responsabiliza por delitos. Intentar demoler, por otro lado, el sistema vigente. Las formas serían lo de menos.
El Presidente dirá que suscribe todo. Ya lo dijo. Pero la sumisión de los últimos tiempos no puede ocultar evidencias que llaman la atención. Si fue, en efecto, el elector de Soria ¿no contó como Profesor de Derecho en ejercicio con otra alternativa menos opaca? ¿Lo sedujo un ex intendente de General Roca (Río Negro) y diputado que nunca presentó desde su banca un solo proyecto referido al Poder Judicial">