En los últimos días, el periodista Sebastián Domenech decidió contar y compartir el dolor que siente por estar separado de sus hijos hace más de 6 años. Una historia más de tantas, que día tras día se dirime en la Oficina de Violencia Doméstica, en Tribunales y en los Organismos de Protección de Derechos. Generalmente las denuncias son similares, una disputa entre adultos en las cuales los niños, niñas y adolescentes quedan como botín de esa guerra.
Para poder entender por qué cada vez hay más historias de padres, madres, hermanos, abuelos, tíos forzosamente alejados de los chicos, hay que analizar el actual contexto jurídico y ver cómo se utilizan herramientas legales, como la denuncia de violencia familiar, que pueden generar consecuencias muy negativas en la psiquis de los chicos.
La Ley Nacional de Protección contra la violencia familiar 24417, (1994), junto a la ley de Protección Integral a las mujeres 26485, (de 2009), son avances legislativos primordiales en la defensa de la integridad de mujeres y niños.
Con una denuncia ante la Oficina de Violencia Familiar de la Corte Suprema o ante un juez se puede obtener una orden de restricción contra el agresor. Y esto está bien, porque protege a los más vulnerables de la violencia y los abusos.
Pero ¿qué sucede cuando estas leyes que son fundamentales para el sistema de protección se utilizan para encubrir maniobras de hombres y mujeres para excluir al otro del hogar, o para empezar a impedir el vínculo de un padre con sus hijos">