El Supremo Tribunal Federal de Brasil impuso otro límite institucional al presidente Jair Bolsonaro al bloquear el nombramiento de un nuevo jefe de la Policía Federal, exhibiendo la creciente debilidad política del mandatario, que volvió a atacar a gobernadores y alcaldes por las medidas de distanciamiento social impuestas para combatir el coronavirus.
La decisión del juez de la corte suprema Alexandre de Moraes suspendió la designación del comisario Alexandre Ramagem al frente de la Policía Federal, una indicación de Bolsonaro cuestionada en la corte por un partido político opositor, que denunció que el presidente había hecho el nombramiento a través de “abuso de poder por desvío de finalidad".
Tras la decisión judicial, el gobierno anuló la designación y dijo que no apelaría ante el STF. Pero fue solo por unos minutos. Luego, al poner en funciones a André Mendonça como nuevo ministro de Justicia, Bolsonaro aseguró que respeta las decisiones y la independencia del Poder Judicial, pero manifestó esperanza de que su “sueño” de que Ramagen sea jefe de la Policía Federal “se concrete en breve”. En ese sentido sostuvo un rato despues que apelará la decisión del Tribunal. "Es un deber hacerlo porque quien manda soy yo", proclamó.
En la ceremonia, Mendonça, un abogado y pastor evangélico con buenas relaciones en el medio jurídico y tránsito abierto en el STF que prometió un trabajo técnico, se definió como un “siervo” y elogió a Bolsonaro, al que llamó “un profeta en el combate al delito”.
El nuevo ministro reemplazó en el cargo a Sergio Moro, quien renunció la semana pasada acusando a Bolsonaro de querer cambiar al jefe de la Policía Federal para interferir en investigaciones y proteger parientes y políticos cercanos.
Ramagem es un comisario de relación cercana con Bolsonaro, al que custodió después del atentado a cuchilladas que casi le costó la vida en el 2018, cuando era candidato presidencial. Moro lo elogió al salir del gobierno, pero dijo que el riesgo era la intervención política en la Policía Federal, un organismo altamente profesional celoso de su autonomía que auxilia al STF en una investigación abierta para identificar a los organizadores de una campaña de diseminación de noticias falsas y amenazas contra del tribunal.
Denuncias de parlamentarios señalan a de la familia del presidente, entre ellos su hijo Carlos, concejal en Río de Janeiro, como involucrados en esa campaña.
Para analistas, la decisión del STF muestra, otra vez, que las instituciones democráticas brasileñas son fuertes y actúan, y que tanto el Poder Judicial como el Congreso recuerdan al Poder Ejecutivo, a su tiempo, que el poder es dividido y no absoluto.
La frustrada indicación de Ramagen al frente de la Policía Federal sólo tiene un responsable, el propio presidente, que había sido advertido por asesores que la designación sería objeto de disputas judiciales.
De Moraes dijo que designar un comisario cercano a la familia Bolsonaro en la jefatura de la Policía Federal constituye “inobservancia de los principios constitucionales de impersonalidad, de moralidad y de interés público”, agregando que “en un sistema republicano no existe poder absoluto o ilimitado, porque sería negar al propio Estado de Derecho”.