Erika Guevara-Rosas es abogada de derechos humanos, activista feminista y lidera la labor de la organización por los derechos humanos en todo el continente. Fue Directora para las Américas del Fondo Global para las Mujeres y trabajó como Oficial Legal de Protección para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Hoy es Directora para las Américas de Amnistía Internacional y, durante su visita en Argentina, conversó con Entremujeres sobre la situación de la violencia de género y la cultura machista en nuestro país y la región. Tiene más de veinte años de experiencia en el activismo por la justicia social y la paz, y más de quince como profesional en el campo de los derechos humanos, la justicia de género y la filantropía.
Existe una tendencia internacional y regional a tratar la violencia contra las mujeres como una violación de derechos humanos. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
Coincido plenamente con decir que la violencia de género -la violencia dirigida a mujeres y niñas- es uno de los grandes flagelos y una de las deudas pendientes en materia de derechos humanos en el continente. Es uno de los grandes desafíos que todavía enfrentamos, a pesar de que ha existido un progreso y un avance enorme en materia de fortalecimiento institucional y de los marcos legislativos que protegen y previenen la violencia contra las mujeres.
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Durante años, los datos del Observatorio de Femicidios de la ONG La Casa del Encuentro fueron la única referencia sobre la violencia de género en Argentina. ¿En qué medida el hecho de no tener una cuantificación del problema dificulta la erradicación de la violencia?
La parte diagnóstica es un problema en sí mismo, porque la falta de un diagnóstico de lo que ocurre genera que las políticas públicas carezcan de decisiones informadas sobre la realidad que se vive. El trabajo de organizaciones como La Casa del Encuentro han generado desde hace décadas un paradigma distinto en cómo se atiende el problema de la violencia y han logrado un cambio en la retórica: de un problema íntimo o del ámbito privado a que se reconozca como un problema de Estado, de violación a los derechos humanos, de falta de respuesta estatal a una obligación internacional de proteger y defender a las mujeres y a las niñas, entendiendo la violencia en sus diferentes formas (doméstica, comunitaria e institucionalizada, relacionada con la falta de un compromiso de una política de Estado por garantizarle el pleno ejercicio de sus derechos, incluso de sus derechos sexuales y reproductivos).
La falta de información -no solo estadística, sino de cómo se dan estas formas de violencia- genera que haya una respuesta muy pobre por parte del Estado. Son las organizaciones de mujeres, efectivamente, las que durante muchos años -en Argentina, así como en otras partes del mundo, en particular del continente americano- han arrojado cifras que hoy nos escandalizan pero que, sin embargo, no son cifras completas (porque las organizaciones tienen metodologías limitadas, así como los s a las comunidades que tienen). Es responsabilidad y obligación del Estado hacer diagnósticos precisos y profundos, que no sea solo a través de las denuncias que se hacen, sino encontrar otras formas metodológicas para poder llegar a las comunidades y entender cuál es el problema.
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Hace algunos años se logró dejar de hablar de "crimen pasional" para hablar de "femicidio", al punto de incluirlo como agravante en el Código Penal (en 2012). ¿Qué otras medidas concretas considera que son necesarias para visibilizar y luchar contra esta problemática?
Estos avances legislativos, como el hecho de que exista un reconocimiento en la ley de lo que significa el femicidio -la muerte de una mujer por el hecho de ser mujer-, ya es un avance en sí mismo. Sin embargo, las leyes no se implementan y, sobre todo, en términos de impartición de justicia, entonces las cifras que hoy conocemos son los pocos casos que se denuncian y que el juez o jueza reconoce que se trata de un femicidio.
¿Cómo evalúa a la Argentina respecto al resto de la región?
Argentina ha dado pasos importantes en materia legislativa: existe una ley muy integral sobre prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, pero el problema recae en la implementación, la falta de recursos destinados para que se implementen políticas que realmente lleven a una implementación a la ley y, además, un debilitamiento institucional por la falta de recursos. Sin embargo, creo que sí ha existido un cambio a nivel cultural que sí presenta señales de avance pero que todavía estamos muy lejos de alcanzar.
En comparación con el resto de la región, Argentina no está ni mejor ni peor. La región en su conjunto está en una situación bastante compleja para las mujeres. Según estadísticas, se habla de que una de cada tres mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. Las cifras de feminicidios en toda la región van en escalada en países como México, donde nos conmocionamos desde hace décadas con las historias de desapariciones en Ciudad Juárez que hoy en día se han convertido en actos sistemáticos en muchos estados del país. Y uno se pregunta quién ha cometido estos crímenes y por qué. Esta última es la pregunta más importante, y la respuesta es "¿por qué no">