Una jueza laboral hizo lugar al pedido de la CGT y le puso un freno al DNU que limitaba el derecho a huelga

Una jueza laboral falló a favor de la Confederación General del Trabajo (CGT) e hizo lugar este lunes a un amparo para frenar la aplicación del decreto de necesidad y urgencia del Gobierno que limitaba el derecho a huelga. También la misma magistrada, Moira Fullana, titular del juzgado nacional de primera instancia del Trabajo N° 3, aceptó una acción de amparo similar formulada por la conducción del gremio de ATE que, en línea con la presentación de la CGT, pidió declarar la invalidez del decreto 340/25 a través del cual el Gobierno estableció nuevas limitaciones sobre el ejercicio del derecho a huelga.

En su presentación, los abogados de la principal central obrera consideraron que el decreto del Ejecutivo "viola el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical". Y se ampararon en el fallo previo de la Cámara nacional de Apelaciones del Trabajo que declaró la inconstitucionalidad del capítulo laboral del DNU 70 firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, que incluía justamente un límite sobre el derecho a huelga.

En su resolución de este lunes, la jueza Fullana aceptó los planteos de la CGT y ATE y dispuso "suspender provisoriamente los efectos de los artículos 2° y 3° del D.N.U. 340/25".

El miércoles 21 de mayo, a través de un llamativo decreto destinado a regular el funcionamiento de la marina mercante, el Gobierno resolvió volver a la carga con su objetivo de limitar el derecho a huelga, mediante el DNU 340/25 que fue firmado por buena parte del Gabinete. El texto estableció la ampliación de las actividades consideradas esenciales, incorporando al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones, y les impuso la obligación de garantizar la prestación del 75% de los servicios en caso de una medida de fuerza.

Además, en otro de los artículos, el decreto creó la figura de actividades consideradas de importancia trascendental, que abarca los sectores más diversos, y al que le impuso la obligación de mantener un mínimo de la 50% de la prestación en las jornadas de huelga.

Entre las actividades alcanzadas en ese parámetro figuran los principales rubros industriales (alimentación, metalúrgica y la construcción), el funcionamiento de los bancos, los comercios y locales gastronómicos y todos los sectores vinculados a la exportación.

Entre los fundamentos del amparo solicitado, la CGT sostuvo que el decreto reglamenta de manera restrictiva el derecho de huelga, ampliando arbitrariamente la lista de actividades consideradas “servicios esenciales” e imponiendo niveles mínimos de prestación.

Por otra parte, subrayó que la medida viola el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los Convenios 87 y 98 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otras normas con jerarquía constitucional que garantizan la libertad sindical y el derecho a la huelga. Por estos motivos, solicitaron una medida cautelar de no innovar para suspender de forma inmediata la aplicación de los artículos 2° y 3° del DNU 340/2025, a los que hizo lugar la jueza laboral este lunes.

Hasta ahora la legislación argentina, siguiendo los parámetros establecidos por la OIT sólo consideraba como esencial aquellos servicios cuya interrupción pudiera poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la población. Así se incluían como esenciales las actividades vinculadas a los servicios sanitarios, la provisión de agua y energía y el control del tráfico aéreo.

Con el nuevo decreto, ahora suspendido por la Justicia, el Gobierno pretendía ampliar las actividades consideradas esenciales y, en paralelo, incorporar las de importancia trascendental con un nuevo parámetro, que "la interrupción o suspensión de la producción pudiere afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal".